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MAPA DE LA INSEGURIDAD

LO QUE PASA AHORA

OPINIÓN

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  • No se aplican las leyes.

    Tenemos muchas leyes y son leyes duras, pero de cumplimiento blando. La legislación no ayuda, como debiera, a que la policía y la justicia trabajen bien.

    • Crear un fondo nacional destinado a la adquisición de material para la infraestructura en seguridad: radares, equipamiento y tecnología. De esta manera, se asegurarán los fondos para la continuidad de políticas a mediano y largo plazo.
    • Es necesario suplir con una ley el decreto de Néstor Kirchner que nunca fue aplicado y crear un nuevo plan de radarización para implementar ya mismo. Hoy para detener la entrada de la droga sólo está radarizado el 8% del espacio aéreo de nuestro país.
    • Aprobar una ley para crear un registro de armas y balas de todo el país. Que prevea un anexo de registro para las armas incautadas. También deberá controlar la venta de municiones a usuarios legales.
    • Crear una ley penal juvenil para que los jóvenes sean penalmente responsables desde los 14 años, es fundamental trabajar en su recuperación y en la reinserción teniendo en cuenta la adaptación a la realidad de cada provincia.

  • Las causas no llegan a juicio.

    De las causas que se abren la gran mayoría no avanza, sólo el 5 % va a juicio y, de las que van, solo reciben condena el 1,4 %.

    • Las exigencias actuales de un juicio rápido hacen insoslayable el uso de las herramientas tecnológicas existentes, que no implican grandes inversiones y son de aplicación en el corto plazo.
    • Los procesos deben tender a la oralización. Hasta alcanzar la reforma total del sistema deben implementarse audiencias orales e inmediatas a la comisión de los delitos, para acelerar las investigaciones y reducir los tiempos del proceso.
    • Las notificaciones insumen las dos terceras partes del tiempo de la duración del proceso. Las notificaciones deben hacerse por vía electrónica, utilizando los medios ya existentes.
    • Reformar el Consejo de la Magistratura. Para restituir su equilibrio y reducir la influencia política. Esto garantizará la independencia judicial. Incrementar el poder de decisión sobre su propio presupuesto.

  • No se cumplen las condenas.

    Los delincuentes condenados salen de la cárcel íaantes de tiempo. Hoy sólo cumplen la condena completa uno de cada tres presos.

    • Priorizar programas de reinserción disminuye la reincidencia y otorga sentido al encarcelamiento. Tanto el Estado como la Sociedad deben comprometerse para colaborar en pos de recuperar a los condenados y disminuir la inseguridad.
    • Programas de educación: En las cárceles menos del 3% de los detenidos estudia. A través de estos programas se disminuye la reincidencia y se otorgan herramientas que permiten una correcta resocialización.
    • Hoy hay 1 guardia-cárcel cada 60 detenidos. Necesitamos incorporar personal penitenciario retirado para las unidades penales y los centros de detención, para evitar las fugas de las comisarias y los motines en los penales.
    • Separar procesados de condenados, de esta manera se evitará la escuela del crimen. Hoy el 80% de los presos son procesados, la convivencia con los condenados es nociva para unos y otros. Cada grupo requiere un tratamiento y control diferenciado.

  • Policía, baja eficiencia en la detención.

    Solo se detiene al 30% de los que cometen delitos.Los delincuentes saben que es muy difícil que se los detenga y eso los hace, paradojicamente, sentirse seguros.

    • Asignar a gran parte de los 7.000 policías que hoy desarrollan tareas en comisarías custodiando detenidos, a tareas de prevención en las calles.
    • El operador del 911 tarda 2 minutos en responder el llamado, el patrullero hasta 45 minutos en llegar. Es necesario triplicar y descentralizar el personal. Hoy todo el conurbano se atiende desde La Plata con operadores que pueden no conocer toda la provincia.
    • Enviar policías viales a controlar los ingresos a la provincia de Buenos Aires, y las ciudades con acceso a puertos, para terminar con el tráfico de drogas a través de la Provincia.
    • Hay 1.500.000 de armas en situación irregular, la mayoria de ellas en la provincia de Buenos Aires. Es necesario mejorar los controles y lograr registrar más de esas armas y destruir otras tantas.

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